El secretario de Seguridad afirmó que estas personas continuaban realizando actividades delictivas desde la cárcel, aprovechando las visitas que recibían, las cuales no pueden ser prohibidas.
Por: AFP.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. X / @OHarfuch
El gobierno de México justificó este miércoles 13 de agosto la extradición de 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos como una medida de seguridad nacional, argumentando que estos individuos seguían delinquiendo desde prisión y buscaban su libertad mediante diversas argucias.
Los capos señalados fueron trasladados a diferentes cárceles en EE.UU., incluyendo miembros de los cárteles de la Nueva Generación (CNG) y Sinaloa, dos de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del país.
El traslado ocurrió en medio de las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien insistió en que México detuviera el contrabando de drogas, especialmente fentanilo, advirtiendo con la imposición de altos aranceles en caso de no hacerlo.
“Esta acción se realizó como medida para impedir que, desde prisión, continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, declaró en conferencia de prensa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El funcionario añadió que estas personas operaban de esta manera gracias a las visitas en la cárcel, las cuales no se pueden prohibir.
“Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, explicó Harfuch.
Entre los presuntos capos enviados a EE.UU. se encuentra Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, considerado el brazo financiero del CNG y cuñado del líder del grupo criminal Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mecho’).
Otro de los trasladados es Servando Gómez Martínez, conocido como ‘La Tuta’, exjefe de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, señalado por promover una escalada de violencia y la brutalidad en sus acciones.
Harfuch también mencionó que varios de estos criminales estaban tramitando amparos para ser trasladados a penales estatales con menor vigilancia, lo que podría facilitar su liberación anticipada.
En febrero pasado, México ya había entregado a 29 de sus capos más notorios, incluyendo a Rafael Caro Quintero, vinculado al homicidio del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la entrega se realizó por motivos de seguridad nacional, resaltando que “son decisiones soberanas”.
Agregó que estas acciones no responden a una petición de Estados Unidos, aunque reconoció que en algunos casos existen solicitudes de extradición.
También aclaró que la entrega no está relacionada con un acuerdo de seguridad en negociación con EE.UU.
En febrero, Washington designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a los 26 presuntos criminales de introducir en ese país grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína.
La extradición se realizó después de reportes periodísticos que indicaron que Trump ordenó el uso del ejército estadounidense contra los cárteles de la droga. México respondió que no aceptaría la participación de fuerzas militares en su territorio.
Este miércoles, se reportó el sobrevuelo de un dron estadounidense en una localidad del centro de México. Harfuch explicó que estos vuelos son solicitados por el gobierno mexicano y se realizan en apoyo a investigaciones en curso.
Los 26 presos fueron entregados mediante un procedimiento legal abreviado, que omite las instancias habituales en casos de extradición.
El gobierno de Sheinbaum justifica estas medidas señalando que algunos narcotraficantes recuperan la libertad con ayuda de jueces corruptos.
